El juez ordena abrir otras 18 fosas ya identificadas más las que puedan llegar a serlo. El auto señala que al estar la mayoría de los acusados ya fallecidos serán los juzgados donde estén localizadas cada una de las fosas los que se encarguen del caso.
JOSÉ YOLDI – Madrid – 16/10/2008 www.elpais.com
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha declarado hoy competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo, al tratarse de desapariciones ilegales dentro del contexto de crímenes contra la Humanidad. Garzón acuerda además la exhumación de 19 fosas ya identificadas, entre ellas la supuesta fosa en la que se encuentra Lorca, «más todas aquellas que puedan resultar».
El juez señala en el auto de 68 páginas que el caso es competencia de la Audiencia Nacional al estar implicadas personas relacionadas con altas instituciones del Estado, entre ellas el dictador Francisco Franco Bahamondes y otros 34 acusados, en desapariciones ilegales, dentro del contexto de crímenes contra la Humanidad. Garzón argumenta que éste delito permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy al no haberse dado razón del paradero de cada uno de los desaparecidos. Sin embargo, al estar todos los 35 acusados fallecidos, el juez anticipa la extinción del caso y que serán los juzgados donde están cada una de las fosas o se hayan producido dichas desapariciones los que se harán cargo del caso.
En el auto especifica que «los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado».
También reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre de 1951 y, una vez identificados, acordará lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de fallecimiento, informa EFE.
La Fiscalía se ha opuesto a que Garzón sea competente argumentando que los delitos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y de que en el momento en el que se produjeron los hechos eran considerados delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República. A este respecto Garzón argumenta en el auto que los delitos que se van a investigar , «la categoría de actos prohibidos por el ius in bello (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad, que como tales identificó la Comisión Multinacional de Responsabilidades, reunida en París el 29 de marzo de 1919».
Garzón inició las diligencias previas para ver si era competente para investigar las denuncias de desaparecidos realizadas en los dos últimos años, por 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de diferentes comunidades autónomas, el sindicato CNT y varios particulares a lo largo de los dos últimos años.
El juez recibió hace dos semanas un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres en el que se cifra en 133.708 desaparecidos. Andalucía es la comunidad que incluye más identidades (29.091), seguida de Valencia (28.892), Castilla y León (15.269), Extremadura (10.266), Aragón (10.178), País Vasco (9.759), Castilla-La Mancha (7.885), Galicia (4.396), Navarra (3.431) y Madrid (2.995).