El Gobierno catalán ha elevado a rango de ley la recuperación de la memoria histórica. Y lo ha hecho por partida doble: mediante el proyecto de ley del Memorial Democrático, con la finalidad de velar por la memoria de las víctimas de la represión franquista, y de una futura ley que regulará la apertura de fosas comunes de la Guerra Civil.

Terra Actualidad | 20 de marzo de 2007

Ambas iniciativas, que podrían entrar en vigor este año, desarrollan el artículo 54 del nuevo Estatuto de Cataluña, según el cual los poderes públicos catalanes velarán ‘por el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña’.

Este artículo fue introducido en la reforma estatutaria gracias al voluntarismo del consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura (ICV), principal impulsor también de esas dos normativas y que, según manifestó en el debate parlamentario del proyecto de ley de la Memoria Histórica, el reconocimiento de las víctimas de la represión ‘no puede trasladarse a todas las ideologías’ porque ‘no se puede comparar a los golpistas con la superioridad ética de un Gobierno legítimo y democrático’.

Mientras el Gobierno prepara su propia ley de Memoria Histórica en el Congeso, Saura pretende que Cataluña sea pionera en España en la regulación de esa materia y para ello, según explica el dirigente ecosocialista, se ha inspirado en los procesos llevados a cabo en países como Chile, Argentina o Alemania.

El temor a un ‘revisionismo histórico’ excesivamente sectario llevó al PP a presentar enmienda a la totalidad, al igual que Ciutadans, mientras que CiU, hasta ahora muy crítica por la oportunidad de esta regulación, apoyó el proyecto pese a denunciar una posible manipulación histórica. En las filas nacionalistas, UDC siempre ha criticado la negativa de la izquierda a reconocer a Manuel Carrasco i Formiguera, fundador de esta formación socialcristiana, como víctima de la represión republicana. Especialmente significativo es el seminario que, en respuesta al debate abierto en Cataluña con motivo de estas iniciativas, ha organizado UDC a través del Instituto de Estudios Humanístios Miquel Coll i Alentorn titulado ‘Memoria histórica, entre la ideología y la justicia’.

Control de la Generalitat

Uno de los motivos de esas reticencias, que proceden no solamente desde el ámbito político, sino también académico -se reprocha a la Generalitat su afán de atribuirse una función que corresponde a los historiadores-, es la composición de ese nuevo órgano, el Memorial Democrático, cuyo máximo órgano de gestión es la Junta de Gobierno, integrada por catorce miembros, once elegidos directamente por la Generalitat -es decir, por el Gobierno de turno- y tres de forma indirecta, pues se trata de responsables de instituciones catalanas dependientes del Ejecutivo autonómico: el director del Museo de Historia de Cataluña, el titular del Área de Historia y Pensamiento Contemporáneo y el director del Archivo Nacional de Cataluña.

El Memorial se centra en la etapa 1931-1980, según se precisa en la exposición de motivos de esta ley. Un periodo que el Gobierno catalán no tiene inconveniente en abrir a periodos anteriores o posteriores. La ley no hace alusión a las víctimas del totalitarismo de ETA o de Terra Lliure.

El objetivo y finalidad de este organismo es ‘desarrollar las políticas públicas del Gobierno dirigidas a la acción cívica de recuperación, conmemoración y fomento de la memoria democrática, es decir, del conocimiento de la II República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de la represión de la dictadura, del exilio y de la deportación, de los valores y de las acciones del antifranquismo’, indica el proyecto de ley, al que el Parlamento catalán ha dado luz verde y que podría entrar en vigor antes del verano.

Localización de lugares

Entre otras funciones, el Memorial Democrático se dedicará a la conservación del patrimonio democrático a través de ‘la creación de un fondo informativo integrado por un banco de datos audiovisuales, bases de datos y el inventario de elementos y lugares significativos de las luchas democráticas, así como el impulso de programas de conservación ‘in situ’: localización y señalización de los lugares emblemáticos de la Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista’. Para lograr este objetivo, el Gobierno catalán se dotará de otra ley que completará la trilogía impulsada por el consejero Saura y que regulará la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil en Cataluña.

La Generalitat tiene localizadas 151 fosas comunes que contienen entre dos y 800 restos cada una. De éstas, aproximadamente 115 son fosas confirmadas por documentación o testimonio visual, y se conoce exactamente su emplazamiento: 83 están en cementerios y 32, fuera de ellos.

En la legislatura anterior, el Gobierno catalán elaboró un decreto para regular la apertura de esas fosas pero, tras la reedición del tripartito, donde ICV tiene un mayor peso en el Ejecutivo catalán, se ha optado por elevar a rango de ley esta materia y contentar así a diversas asociaciones dedicadas a la preservación de la memoria histórica, que habían denunciado la excesiva burocratización que el decreto introducía, pues sólo quince de esas 151 fosas reunían las condiciones necesarias para proceder a su exhumación oficial.

Desde el verano de 2004, se han exhumado tres fosas en Cataluña en las poblaciones barcelonesas de Olesa de Montserrat, Bruc y Prats de Lluçanés. Sólo se han encontrado restos en este último municipio.

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