La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tiene intención de retomar después de Semana Santa las negociaciones sobre el proyecto de ley de ampliación de derechos a víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, con la idea de no abrir la ponencia parlamentaria hasta no lograr primero un cierto consenso básico con buena parte de las formaciones minoritarias.

Terra actualidad | 2 de abril de 2007

De entrada, los socialistas ya han desechado la idea de ERC de abrir una ronda de comparecencias de expertos en el Congreso, pues entienden que acabaría derivando en un ‘circo’ del que sólo saldrían beneficiados los defensores de las tesis ‘revisionistas’ en torno a la guerra y el franquismo.

La conocida como Ley de Memoria entró en el Congreso en julio de 2006, si bien no pasó su primer debate parlamentario hasta el pasado 14 de diciembre, cuando el Pleno del Congreso rechazó tanto la devolución del proyecto que reclamaba el PP como los textos alternativos que proponían ERC e IU-ICV.

ERC E IU-ICV HAN FORZADO EL RITMO.

El Gobierno, sabedor de la dificultad de lograr un consenso suficiente en esta materia, quería ir prorrogando el plazo de enmiendas parciales pero, de nuevo ERC e IU-ICV, esta vez apoyados por todas las minorías del Congreso, exigieron en febrero empezar a discutir de una vez en articulado de la ley.

Una vez registradas las casi 200 enmiendas de la oposición –el PSOE renunció a presentar texto alguno–, los socialistas quieren tomarse el tiempo suficiente para lograr unas bases mínimas de consenso antes de abrir la discusión en ponencia. Sin embargo, otra vez ERC e IU-ICV se apresuraron a exigir este martes al presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, que convoque ya la ponencia que tiene que discutir las enmiendas parciales.

En ese contexto, la vicepresidenta tiene decidido retomar las negociaciones con las formaciones minoritarias a la vuelta de la Semana Santa. De la Vega, junto con sus colaboradores en el Ministerio de la Presidencia y, especialmente, su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, volverá a reunirse con los portavoces de CiU, PNV, IU-ICV y ERC para tratar de urdir los mimbres suficientes que permitan abrir la ponencia.

En el PSOE ven a ERC en la posición más alejada por lo que su prioridad es articular consensos con CiU y PNV que permitan convencer después a IU-ICV, que a su vez sufre presiones en su seno por parte del PCE y de las asociaciones de izquierdas para la recuperación de la memoria histórica.

LA ENMIENDA DE CIU, CAMINO A SEGUIR.

El principal escollo sigue siendo la anulación de los juicios y tribunales políticos del franquismo y el diálogo puede partir de las enmiendas de CiU, que abogan por incluir en la ley una declaración en la que se proclame la ‘ilegitimidad’ de los consejos de guerra y tribunales políticos de la dictadura y, en consecuencia, ‘injustas’ sus sentencias.

De entrada, lo que tienen descartado los socialistas es atender la propuesta promovida por Esquerra Republicana de abrir una ronda de comparecencias en el Congreso sobre la memoria histórica. ERC ha sugerido esa fórmula en la idea de que así presionaría al Gobierno para inclinar la balanza hacia las víctimas de la dictadura, pero los socialistas argumentan que todos esos colectivos han sido ya recibidos por la Comisión Interministerial que preparó el proyecto y están en contacto con los distintos grupos parlamentarios que lo desean.

Además, en el PSOE tienen claro que abrir una ronda de expertos sobre la Guerra Civil y la dictadura podría derivar en un ‘circo’ mediático en el que sólo saldrían beneficiados los ‘revisionistas’, que se encontrarían una tribuna pública para cuestionar en el Parlamento el origen de la contienda y la represión del franquismo.

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