Europa Press /Sevilla | 6 de octubre de 2007
IULV-CA ha presentado una proposición no de Ley en el Parlamento
andaluz en la que plantea, entre otros asuntos, la eliminación de los
monumentos franquistas en la comunidad y el reconocimiento y
rehabilitación de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de los
cuerpos de orden público profesionales que se mantuvieron leales al
Gobierno y a la República desde el 18 de julio de 1936.
Esta iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, al abordar
asuntos que son competencia exclusiva del Estado, tiene que contar,
para ser incluida en el orden del día del pleno, con el apoyo de las
dos terceras partes de la Cámara o de tres grupos parlamentarios que
representen la mayoría de la misma.
IU justifica esta iniciativa en el Parlamento andaluz en que el
proyecto de Ley de Memoria Histórica elaborado por el Gobierno
central «adolece de graves deficiencias», de manera que se necesita
una norma que realmente «permita cerrar las heridas abiertas hace
ahora 70 años, cuando la agresión del fascismo nacional e
internacional yuguló todo lo que significaba la II República:
democracia, cultura, laicismo, progreso y justicia social».
En este sentido, IU-CA insta a la Junta en su iniciativa a
dirigirse al Ejecutivo nacional para incorporar a la Ley de Memoria
Histórica varios aspectos, como el establecimiento de la «nulidad
radical» de todos los procesamientos por motivos políticos
desarrollados durante el franquismo.
Según este grupo, es «inaceptable» que sentencias «de pseudo
tribunales en el marco de procedimientos judiciales carentes de
cualquier atisbo de legalidad o de respeto a los principios básicos
de Justicia y en aplicación de normas represivas de excepción sin
ninguna posibilidad de defensa, sigan proyectando sus efectos como
cosa juzgada hasta el día de hoy».
Izquierda Unida también pide que la Ley de Memoria Histórica
recoja la intervención pública e institucional en las labores de
localización, exhumación, identificación y divulgación de las fosas o
enterramientos de víctimas del franquismo; la creación de un catálogo
de monumentos franquistas y establecimiento de un plan para
eliminarlos; la elaboración, como directriz de obligatorio
cumplimiento municipal, de una relación de calles con denominaciones
franquistas y su sustitución por otras democráticas.
Asimismo, pide que se incluya el fomento y dotación
presupuestaria de las labores académicas y científicas destinadas a
la investigación de los crímenes franquistas, así como la
restauración y divulgación de la memoria de la lucha antifranquista,
y que se analicen los archivos policiales y/o militares, respecto a
la guerrilla antifranquista, reconociendo el carácter militar sus
miembros, y que se proporcionen los medios presupuestarios adecuados
para que los supervivientes perciban las pensiones que les
correspondan como tales.
Izquierda Unida pide además el reconocimiento y dotación de
pensiones a todas las personas privadas de libertad por motivos
políticos durante el franquismo, y que también se reconozca a los
«niños de la guerra» y a sus descendientes. Además plantea la
inclusión en la Ley de Memoria Histórica de la adecuación de los
planes de estudio y de los libros de texto hacia el tratamiento
didáctico sobre la II República como referente de una cultura
democrática y que el alzamiento militar de 1936 y la posterior
dictadura se reflejen como «referente de intolerancia y
totalitarismo».
En cuanto a la Junta de Andalucía, Izquierda Unida le demanda en
su iniciativa que lleve a cabo convenios con las universidades
públicas de Andalucía para elaborar el estudio de las resoluciones de
los tribunales de responsabilidades políticas; que inicie los
trámites para anular la sentencia, de fecha 4 de mayo de 1940,
dictada contra Blas Infante Pérez, ‘Padre de la Patria Andaluza’; que
haga un proyecto sobre los deportados andaluces durante el estado de
excepción; que cree un centro de documentación de recuperación de la
memoria de Andalucía y el Banco Audiovisual de la Historia Social de
Andalucía, y que haga un mapa de fosas.