La Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica (APMH) de O Grove puso el punto final a su ciclo anual de actividades con la tradicional cena republicana, que reunió a alrededor de sesenta comensales en el restaurante Rúa Mar. Justo antes se había ofrecido una conferencia en la que presentar en Galicia la iniciativa legislativa popular “Ley de la verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista”.
Faro de Vigo | 12 de mayo de 2010
Para esta presentación, la asociación que preside Xan Caneda González había invitado a Miguel Ángel Rodríguez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla la Mancha; Mónica Zapico, investigadora de Derecho Penal de la Universidad de Vigo y a José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Este último no pudo acudir, como consecuencia de la suspensión de vuelos en los aeropuertos españoles por
la nube de ceniza llegada desde Islandia.
Con esta conferencia se informó a los asistentes sobre los trámites y contenidos de la mentada
ley, empezando por aclarar que “el pasado 27 de diciembre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la ley 52/2007, comúnmente conocida como de la memoria histórica, una norma de ámbito estatal formulada de espaldas a las amplias responsabilidades de todo Estado de Derecho en materia de verdad, justicia y reparación” y a los derechos humanos inalienables e indisponibles de las víctimas de los crímenes y violaciones manifiestas de los derechos humanos cometidos por los golpistas que, a partir del 17 de julio de 1936, se sublevaron contra la Constitución española y sus instituciones públicas, y dieron inicio a una guerra de agresión gracias al apoyo de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini”.
Mediante dicha ley, y a través de lo que representa “una de las más oscuras regulaciones jurídicas de la historia de nuestra democracia”, se estableció “un injustificable modelo de auto exhumación familiar de los cientos de fosas clandestinas, con meras ayudas económicas del Estado, contrario al incuestionable deber estatal de emprender una investigación oficial efectiva e independiente y de devolver los restos mortales a las familias”.
Aquella ley “no dedicaba en su articulado una sola palabra al lacerante crimen abierto de los ‘niños perdidos del franquismo’; no se establecía la nulidad de los asesinatos de Estado llevados a cabo bajo una mera apariencia teatral de legalidad; no se contemplaba deber alguno en materia de verdad, justicia y reparación de género, de restitución de bienes muebles e inmuebles expoliados como mero botín de guerra; y no se mencionaba la cuestión de las vigentes responsabilidades pendientes respecto del oscuro pasado de los empresarios y empresas de Franco”.
Lo que ocurre es que “en medio de un tal puzle de claras ilegalidades, de situaciones gravemente excluidas de todo reconocimiento por la propia ley, de la ausencia de su debido desarrollo reglamentario, de la existencia de un constatable caos judicial en tales planteamientos, y hasta de la sorprendente escenificación de distintas polémicas entre numerosas comunidades autónomas y el mismo Estado, especialmente dramática ha continuado resultando la situación de incertidumbre y el sufrimiento de las familias de los desaparecidos”.
Según la APMH es “una situación constitutiva de trato inhumano contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que más allá de los propios actos delictivos del franquismo y el sufrimiento de una vida a la espera han continuado viendo, además, violado su derecho humano a la vida familiar”.